domingo, 4 de diciembre de 2016

Intervención Carmen Molina sobre la Estrategia andaluza de la Calidad del Aire

Carmen Molina, parlamentaria de Equo en el grupo de Podemos Andalucía, con la que nos entrevistamos hace unos meses, destaca los efectos de la incineración de residuos en cementeras en la calidad del aire que respiramos y, frente al chantaje de las empresas del sector en cuanto a creación de empleo, destaca el impacto socioeconómico negativo que genera esta actividad.

Carmen Molina ha insistido en la incompatibilidad entre la incineración de residuos por la que algunas empresas ubicadas en Andalucía quieren apostar, y una adecuada calidad del aire que respiramos. Así lo ha puesto de manifiesto en respuesta a la intervención del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, que ha comparecido para informar sobre la Estrategia Andaluza de Calidad Aire.
Una estrategia en la que, tal y como insiste Molina, no cabe la apuesta por la coincineración que pretenden llevar a cabo algunas empresas –caso de la cementera de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla-, que apelan a los supuestos beneficios medioambientales de esta actividad, que realmente provoca una importante merma en la calidad del aire que respiramos debido a las emisiones, que vendrían a empeorar la concentración en la atmósfera de gases que son muy perjudiciales para la salud.
“Parece que hacerse cargo de la gestión de residuos es una actividad económica muy rentable, y además las cementeras autorizadas negocian con la venta de emisiones de CO2. Pero debe quedar claro que la incineración es una fuente de energía sucia e ineficiente, a pesar de que se quiere vender como energía limpia y parte de la transición energética. Sin embargo, tiene unos niveles de aprovechamiento energético muy pobres”, ha explicado la parlamentaria, que recuerda que dentro de la política comunitaria en materia de residuos, se establece que la jerarquía adecuada para la gestión es prevención, reducción, reciclaje, valorización material, y como última opción, la incineración o eliminación, “que tienen la misma consideración y deben ser siempre la última opción”.
Durante su intervención, Molina también se refirió al “chantaje” que suelen llevar a cabo las empresas con respecto a los puestos de trabajo, amenazando con despidos en el caso de no obtener las autorizaciones necesarias y apelando a la creación de empleo que supondría la puesta en marcha de esta actividad. Pero también este argumento queda desmontado con sólo tener en cuenta los “impactos socioeconómicos negativos” que genera una actividad con la que se empeora notablemente la calidad del aire.
Así, tanto el turismo como la actividad agroalimentaria son especialmente sensibles respecto a la contaminación atmosférica y una mala calidad del aire, que en turismo se traduce en una pérdida de atractivo cara al visitante, y en agricultura en una disminución del rendimiento y una mayor sensibilidad a plagas y enfermedades.
De este modo, la incineración destruye empleo en otros sectores, y emplea a menos personas, por ejemplo, que las plantas de reciclaje, que según la fundación Amigos de la Tierra “podría crear para el año 2020 hasta 750.000 nuevos puestos de trabajo en toda la Unión Europea”.
Por ello, Carmen Molina ha insistido en la necesidad de poner coto a esta actividad y trabajar realmente desde el Gobierno andaluz por un aire respirable y que no suponga un riesgo para nuestra salud y nuestro entorno.


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